Sobre el reconocimiento de los Derechos Patrimoniales a parejas del mismo sexo en Colombia

Durante muchos años las parejas homosexuales han sido víctimas de incumplimientos y violaciones a sus derechos, por lo cual, la organización Colombia Diversa inició una batalla en busca del reconocimiento legal y ha avanzado notablemente.

Aunque el Congreso de la República no aprobó el proyecto de ley sobre los derechos patrimoniales y la seguridad social; sin embargo, la Corte Constitucional si lo hizo mediante la sentencia C-075 del 7 de febrero de 2007 y reconoció la ley 54 de 1990, que debe proteger a las parejas del mismo sexo como a las uniones maritales de hecho entre heterosexuales, siempre y cuando cumpla con las condiciones de tiempo y otros. La sentencia tiene efectos desde el 8 de febrero de 2007 y dice que el mantener desprotegidas las parejas homosexuales arremete la dignidad humana.

La unión marital de hecho se da entre parejas heterosexuales y homosexuales, y sus derechos se garantizan mediante la Sociedad Patrimonial. Ésta es el conjunto de bienes y capital de la pareja que pertenecen a cada uno, por partes iguales, en caso de separación. Por fallecimiento sólo corresponde el 50% y el restante se reparte entre hijos, padres, hermanos y sobrinos. Pero, si el fallecido no tiene hijos, ni padres, puede realizar un testamento dejando todos los bienes a su pareja.

Con respecto al derecho de Seguridad Social la sentencia C-811 del 3 de octubre de 2007 reconoció que se pueden afiliar parejas del mismo sexo como beneficiarios, ya que estos son una opción que debe proteger el Estado, sin reparo en que sean empleados o independientes.

Desde el 4 de octubre de 2007 se puede realizar el proceso cumpliendo con los requisitos, pero, el personal docente, de las Fuerzas Armadas, la Policía, ECOPETROL, entre otras, no lo pueden lograr debido a la normatividad de cada entidad. De otro lado, tampoco cubre el derecho a la pensión de sobrevivencia, sólo se benefician en el área de la salud.

Finalmente, de esta manera Colombia se convierte en el primer país de Latinoamérica en lograr reconocer estos derechos, no obstante, el proceso apenas está comenzando.